Resumen: Demanda de nulidad del clausulado multidivisa que consta estipulado en el contrato de préstamo hipotecario, con las consecuencias derivadas de su aplicación, reliquidación del préstamo y devolución de las cantidades percibidas en exceso y subsidiariamente de resolución del contrato en la parte referida al clausulado multidivisa con indemnización de daños y perjuicios. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la actora, al considerar probado que los prestatarios recibieron con carácter previo a la suscripción del contrato la información precisa sobre las características y riesgos de este tipo de préstamo por lo que las cláusulas objeto de litigio superan el control de transparencia. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, se estima este al concurrir incongruencia omisiva en la sentencia que no resuelve sobre la acción subsidiaria ejercitada sobre la acción de resolución e indemnización de daños, aunque luego se desestima, ya que, estando ante un préstamo multidivisa propiamente dicho, no puede apreciarse ningún incumplimiento de la demandada en fase de ejecución, excluyendo la exigibilidad a la entidad bancaria de las obligaciones de un servicio de inversión. Se estima el recurso de casación al remitirse a lo dispuesto en sentencias 613/2022, de 20 de septiembre y de pleno 418/2023 de 28 de marzo en cuanto al juicio de transparencia realizado sobre la cláusula multidivisa se refiere
Resumen: Demanda de nulidad del clausulado multidivisa que consta estipulado en el contrato de préstamo hipotecario, con las consecuencias derivadas de su aplicación, reliquidación del préstamo y devolución de las cantidades percibidas en exceso. El juzgado de primera instancia estimó la acción principal de la demanda, apreció que el clausulado objeto de la demanda no superaba el control de transparencia y declaró su nulidad. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación del banco, considerando probado, en base en la prueba practicada, que la cláusula objeto de litigio se incorporó con transparencia. Interpuestos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, se estima este último al apreciar la incongruencia omisiva de la sentencia en lo que a la acción subsidiaria ejercitada sobre incumplimiento del contrato que luego desestima ya que, estando ante un préstamo multidivisa propiamente dicho, no puede apreciarse ningún incumplimiento de la demandada en fase de ejecución, excluyendo la exigibilidad a la entidad bancaria de las obligaciones de un servicio de inversión. Se estima el recurso de casación al remitirse a lo dispuesto en sentencias 613/2022, de 20 de septiembre y de pleno 418/2023 de 28 de marzo en lo que al juicio de transparencia realizado sobre la cláusula multidivisa se refiere.
Resumen: Préstamo hipotecario. Cláusula multidivisa. Validez de la cláusula al superar el control de transparencia ya que el consumidor dispuso de la información precontractual necesaria para valorar y asumir el riesgo. Suficiencia del llamado documento de primera disposición al haberse entregado de modo completo antes de la celebración del contrato y haber informado expresamente, con ejemplos y explicaciones fáciles de entender, de que la apreciación de la divisa en la que han contratado el préstamo implica un incremento en la cuota y en el capital pendiente de amortizar; de que el contravalor en euros del capital pendiente puede superar el contravalor inicial del préstamo, situación que se describe en el cuadro con las simulaciones; en caso de optar el prestatario por un cambio de divisa, el riesgo sobre el capital vivo se materializa, es decir, habrá que estar al capital pendiente en euros en el momento en que se realiza el cambio, al igual que ocurre en el caso de amortización anticipada. La información proporcionada por la demandada sobre las características y los riesgos del producto fue suficiente y comprensible, con lo que las cláusulas contractuales impugnadas superan el control de transparencia lo que excluye el carácter abusivo de las mismas. La existencia de vicio en el consentimiento no puede dar lugar a la nulidad parcial del contrato de préstamo.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad del contrato de compra de bonos estructurados de acciones subyacentes del Banco Bilbao Vizcaya S.A. comercializado por Banca March S.A., con los efectos inherentes a dicha declaración de nulidad y la condena de la demandada a restituir el capital invertido e intereses legales. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso interpuesto y acordó estimar sustancialmente la demanda, pero añadiendo que la parte actora ha de devolver a la demandada los dividendos brutos percibidos con anterioridad a la restitución de las acciones. Expone el tribunal los criterios jurisprudenciales sobre el error como vicio del consentimiento y causa de anulación del contrato. Para aplicarlos el tribunal valora la experiencia inversora de la demandante, a la que considera una pequeña inversora, y califica la prestación de servicios de inversión como de asesoramiento. Afirma el tribunal que el test realizado no contiene una auténtica evaluación al no contener advertencia alguna sobre la idoneidad de la inversión. El tribunal confirma la nulidad y los pronunciamientos de condena a restituir el capital invertido más intereses, pero revoca la sentencia para añadir que la demandante tiene que devolver los dividendos percibidos, que deben tomarse como brutos, y que el momento temporal final a considerar es el de reintegro de las acciones.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de orden de compra de acciones de Banco Popular. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia recurrida, con desestimación de la demanda por falta de legitimación pasiva de Banco Santander. Expone el tribunal los criterios establecidos por la jurisprudencia en relación con la legitimación activa de los compradores de acciones de entidad sometida a liquidación por la autoridad de resolución cuando esta acuerda la amortización de las acciones y reduce su valor a cero. El tribunal pone de manifiesto su potestad de apreciación de oficio de la falta de legitimación activa y aplica la jurisprudencia establecida proclamando la falta de legitimación activa de los demandantes.
Resumen: La sentencia desestima el recurso y confirma la de instancia acordando la nulidad del swap, ya que al ser un producto complejo seria necesario una explicación suficiente que no concurre, al tiempo que rechaza la caducidad, pues no se inicia el computo hasta que no se agota la eficacia del contrato.
Resumen: La sentencia que se recurre no acogió una acción indemnizatoria por responsabilidad contractual en la contratación de un préstamo hipotecario con derivado financiero al considerar que si no concurrían los déficits de información que podrían dar lugar a una nulidad por vicio del consentimiento tampoco podría prosperar la acción indemnizatoria, que tendría la misma base; así como que los casos en que la jurisprudencia ha estimado la acción indemnizatoria ha sido cuando los clientes eran consumidores. La sala estima el recurso de casación y revoca la sentencia. La limitación que hace la Audiencia Provincial a la posibilidad de ejercicio de la acción indemnizatoria por responsabilidad contractual a los supuestos de contratos con consumidores no tiene sustento normativo. La legislación del mercado de valores distingue entre clientes profesionales y clientes minoristas, pero no contiene unas normas específicas para consumidores. Además, la Audiencia no tuvo en cuenta que la sentencia de instancia desestimó la acción de nulidad por error en el consentimiento no porque se cumplieran los deberes de información sino porque no era viable para provocar una nulidad parcial. Desde el momento en que la Audiencia Provincial ni siquiera examina la concurrencia de los requisitos de la acción indemnizatoria y únicamente descarta la posibilidad de que esta acción prospere porque la prestataria no era consumidora, resulta clara la infracción. Asunción de la instancia y estimación de la demanda.
Resumen: Se desestima el recurso por infracción procesal: la sentencia recurrida no incurre en el pretendido error notorio en la valoración de la prueba sobre la negociación entre las partes y la intervención de un servicio especializado del ayuntamiento. Asimismo se desestima el recurso de casación. El banco no incumplió las obligaciones legalmente impuestas, ya que la iniciativa contractual partió del ayuntamiento, a través de su departamento económico, al frente del cual había un responsable con cualificación suficiente, como se deduce del completo informe elaborado, en el que se analizan las propuestas recibidas y se distinguen y descartan las no convenientes para el ayuntamiento, por lo que no hay infracción de los preceptos citados en el recurso. Tampoco se aprecia contradicción entre la sentencia recurrida y la doctrina jurisprudencial, pues en los supuestos analizados por esta sala en sentencias 177/2019, de 21 de marzo, y 618/2019, de 19 de noviembre , relativas a ayuntamientos que contrataron swaps, se trataba de contratos formalizados con apoyo de funcionarios sin cualificación suficiente sobre contratación bancaria compleja, lo que no es el caso, pues en el litigio analizado en este recurso de casación partimos de que es el cliente el que se dirige a los bancos pidiendo ofertas, para después seleccionar la más conveniente por el responsable de servicios económicos, quien expresa su dictamen en un detallado informe, que denota amplio conocimiento del producto contratado.
Resumen: La sentencia recurrida estimó en parte la demanda en la que se ejercitó una acción indemnizatoria por incumplimiento contractual de dos arrendamientos financieros con derivado implícito y condenó a la demandada a indemnizar a la demandante mediante la devolución de todas las cantidades percibidas y que se percibieran hasta sentencia por el derivado financiero, con los intereses legales. Consideró que la acción indemnizatoria no estaba prescrita, que el banco no informó al cliente del coste de cancelación del derivado, que para la fijación de los daños y perjuicios no resultaba necesario que se hubiera efectuado la cancelación del derivado y que el daño consistió en la diferencia entre lo que se abonó por la existencia del derivado implícito y lo que se hubiera abonado de no haberse incluido el mencionado derivado. La sala confirma la sentencia en relación a la determinación del daño exigible consistente en el sobrecoste que para el cliente conlleva el contrato por la inclusión del derivado implícito que en este caso provino de la diferencia de intereses que se habría abonado de no estar incluido y aplicado, también la confirma en cuanto a su consideración de producto financiero complejo, respecto del que rigen los especiales deberes de información previstos en el art. 79 bis LMV. Sin embargo, estima el recurso en cuanto al dies a quo del computo de los intereses que al tratarse de una acción indemnizatoria, se devengan desde la interposición de la demanda.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la orden de compra de las acciones y de adquisición de obligaciones subordinadas por vicio del consentimiento. El tribunal de apelación estima en parte el recurso de apelación porque considera que la estimación no es total, sino sustancial, ya que el capital invertido por la actora se deben restar los intereses y rendimientos generados por los productos de inversión y por las acciones en que se convirtieron. El tribunal rechaza la alegación de caducidad de la acción: el inicio del cómputo del plazo de prescripción es el momento en el que se hizo pública la situación real de la entidad bancaria, que es cuando se pudo ejercitar. Afirma el tribunal que la consideración del inversor como cualificado no significa que no se produjera consentimiento viciado por error derivado de la información inveraz facilitada por la entidad emisora de los títulos. En relación con el vicio del consentimiento, afirma el tribunal que la demandante actuó bajo asesoramiento de la entidad financiera y que, aun siendo aquél un inversor cualificado se han de tener en cuenta las relaciones con el emisor de valores, por lo que si la información asesorada influye en una contratación viciada el contrato puede ser anulado. En cuanto a la cuantificación: del principal se han de deducir los rendimientos obtenidos.
